En un esfuerzo por fortalecer la atención a las víctimas de trata de personas, Panamá ha desarrollado un borrador de proyecto para actualizar la Ley 79 del 2011, conocida como la Ley de Trata de Personas y Actividades Conexas, explicó en el Polígrafo de La Estrella de Panamá, Dayra Campos, Directora de la Oficina Nacional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad (MINSEG).
Panamá y la necesidad de una actualización a la ley 6f243d
Esta centralización contrasta con las prácticas de otros países donde las organizaciones no gubernamentales (ONGs) juegan un papel más destacado en la provisión de servicios y apoyo. Aunque esta estrategia permite un control más directo sobre la calidad y alcance de las atenciones, también pone una enorme presión sobre los recursos estatales, que no son ilimitados.
Desafíos y recursos e1e34
Uno de los principales retos que enfrenta Panamá es la limitación de recursos. A pesar de estas limitaciones, se ha hecho un esfuerzo significativo para proporcionar todas las atenciones necesarias a las víctimas. Sin embargo, es evidente que se necesita una base de financiamiento más robusta para continuar brindando un apoyo integral y eficaz.
El proyecto de ley en cuestión, según Campos, tiene como objetivo principal robustecer el financiamiento disponible para la Comisión encargada de la lucha contra la trata de personas. Esto no solo permitirá una mejor atención a las víctimas, sino que también fortalecerá la capacidad de respuesta ante esta problemática.
En la actualidad, es crucial que la población comprenda que la trata de personas ocurre en Panamá.
La trata de personas es un problema global que afecta significativamente a Panamá. Para las organizaciones criminales, representa la tercera fuente más lucrativa de ingresos delictivos, lo que subraya la gravedad y la magnitud de este problema en la sociedad.
La actualización de la Ley 79 del 2011 es un paso crucial hacia la mejora de la atención y protección de las víctimas de trata de personas en Panamá. Al asegurar un financiamiento adecuado, el Estado podrá continuar ofreciendo el apoyo necesario y enfrentar de manera más efectiva los desafíos asociados a la trata de personas. Este esfuerzo reafirmará el compromiso de Panamá en la lucha contra esta grave violación de los derechos humanos.