El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que el dispositivo de seguridad del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe "fue disminuido extrañamente" antes de sufrir un atentado.
Petro aseguró que el número de escoltas fue reducido "el día del atentado", en el que presuntamente abrió fuego un sicario de 15 años que está detenido. La custodia pasó de "7 a 3 personas" previo al ataque, dijo en la red social X.
La seguridad de políticos de alto perfil o personas amenazadas en Colombia está a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
"Indefensión" 2y5x6b
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, contó a medios que a Uribe lo protegían tres empleados directos de ese organismo y cuatro policías.
Buena parte del sábado los escoltas de la UNP estuvieron descansando tras una larga jornada de trabajo del día anterior, dijo.
Eso explica que en el momento del atentado "había menos personas de las que debería haber" en el esquema de seguridad. Rodríguez precisó que en este caso el encargado de coordinar la logística entre los escoltas era uno de los policías.
Rodríguez es una de las personas más cercanas a Petro. Juntos pertenecieron a la extinta guerilla M-19.
Horas antes de estas palabras del presidente, el abogado de Uribe dijo que presentó una demanda penal contra el jefe de la UNP, pues este año hizo más de 20 solicitudes para reforzar el esquema de seguridad de su cliente, pero supuestamente no fueron escuchadas.
El jurista pidió a la fiscalía abrir una investigación que "establezca si por omisión el Estado dejó en indefensión" a Uribe.
La fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, dijo a periodistas que Uribe tenía un esquema de seguridad "robusto" igual al de otros congresistas: siete escoltas y dos automóviles blindados.
El senador no denunció sufrir amenazas de muerte ante la fiscalía, según la funcionaria.
Menor capturado 513h6f
Un adolescente de 15 años fue capturado por los guardaespaldas de Uribe como sospechoso de intentar asesinar al aspirante presidencial para las elecciones de 2026.
La fiscal general aseguró el lunes que el menor capturado podría pasar hasta ocho años privado de libertad si es hallado culpable, aunque no en una cárcel común debido a su edad.
Camargo añadió en una rueda de prensa que el adolescente fue operado debido a una herida de bala que recibió en una pierna antes de ser detenido. Será interrogado cuando se recupere.
El presidente Petro dijo que el menor perteneció a un programa social de su gobierno dirigido a jóvenes vulnerables donde "demostró una personalidad completamente conflictiva". Le costaba "establecer vínculos intersociales", sostuvo en X.
Una de las hipótesis es que fue contratado por una "red sicarial" que busca a menores de edad para ejecutar "conductas tan graves como" el atentado contra Uribe, según las autoridades, que aún persiguen a los autores intelectuales del hecho.
Arma comprada en EEUU 6e13v
El director de la policía, general Carlos Triana, informó que el arma modelo Glock aparentemente utilizada para herir a Uribe fue adquirida legalmente en Arizona, Estados Unidos, en 2020. De momento se desconoce cómo ingresó a Colombia.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró el domingo que se manejan varias hipótesis sobre los motivos del atentado al senador: una es que se trató de un mensaje contra el Centro Democrático, que lidera el influyente expresidente Álvaro Uribe.
El exmandatario, que gobernó entre 2002 y 2010, denunció de su lado otro presunto ataque. "La inteligencia internacional me informa de la preparación de otro atentado en mi contra", afirmó en X.
Según el ministro Sánchez, otra hipótesis de lo ocurrido el sábado es que sea un intento de "desestabilizar" al gobierno del izquierdista Petro, a quien sectores de la derecha acusan de incitar el odio contra la oposición.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó como "deplorable" el atentado, que "debe investigarse exhaustivamente" para llevar a los responsables "ante la justicia".
El ataque contra Uribe tensa la carrera por la presidencia de Colombia, que recién empieza en medio de fuertes disputas entre la izquierda y la oposición que busca recuperar el poder.
Triana aseguró que el Estado fortalecerá la seguridad de por lo menos 30 precandidatos.