La fiscalía de República Dominicana informó este viernes que recibió 14 nuevas denuncias civiles contra los propietarios de la discoteca que colapsó en abril tras el arresto de dos de ellos. El total de acciones por parte de familiares de víctimas por este caso subió así a 82.
Tragedia en República Dominicana
Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat fueron detenidos bajo sospecha de homicidio involuntario en la tragedia del club Jet Set en la que murieron 236 personas.
El techo del local se derrumbó la madrugada del 8 de abril durante el concierto del popular cantante de merengue Rubby Pérez, quien falleció en el lugar.
Desde el arresto de los Espaillat, una fuente de la fiscalía dijo a la AFP que ese despacho recibió dos nuevas querellas (pedido de acción penal) el jueves y otras cuatro el viernes; más ocho demandas de indemnización civil.
La justicia tiene hasta el sábado para presentar a los hermanos ante un juez para determinar si enfrentan el juicio en libertad.
"Desde mi óptica, él ha estado en libertad, debería seguir en libertad porque vuelvo y repito: no hubo intención en lo que pasó", dijo a periodistas su abogado Miguel Valerio. "Desde mi óptica, él ha estado en libertad, debería seguir en libertad porque vuelvo y repito: no hubo intención en lo que pasó", dijo a periodistas su abogado Miguel Valerio.
La fiscalía les atribuye "'una inmensa irresponsabilidad y negligencia' al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara", según el comunicado que siguió al arresto.
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La fiscalía de República Dominicana informó este viernes que recibió 14 nuevas denuncias civiles contra los propietarios de la discoteca que colapsó en abril tras el arresto de dos de ellos. El total de acciones por parte de familiares de víctimas por este caso subió así a 82.
La autoridad refirió igualmente a "movimientos realizados por los imputados para intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa (...) que pueden fungir como testigos en este proceso".
La discoteca Jet Set funcionó en ese edificio desde 1994. La estructura fue concebida inicialmente para albergar un cine. Desde el aire -después del desplome- podía verse el agujero que dejó el techo colapsado y en el medio máquinas de aire acondicionado y plantas eléctricas que pesaban toneladas.
El cargo de homicidio involuntario conlleva una pena de tres meses a dos años de cárcel, y multa de 25 a 100 pesos (USD 0,42 a 1,69).