La Defensoría del Pueblo (DDP) presentó un anteproyecto de ley ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, con el objetivo de modificar la Ley No. 7 del 5 de febrero de 1997. Esta ley establece la creación de la DDP y, con las modificaciones propuestas, se busca alinear su marco legal con los estándares internacionales de derechos humanos. Las recomendaciones de los órganos internacionales, los compromisos de Panamá como signataria y los Principios de París adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, son los principales puntos de referencia.
Esta evaluación determina una categoría de acreditación (A o B), que refleja el nivel de cumplimiento, lo que impacta directamente en la legitimidad y desempeño de las defensorías de derechos humanos a nivel global.
En 2020, el SCA notificó a la DDP sobre su degradación a la categoría B, señalando la necesidad de alinear su normativa a los Principios de París.
En respuesta, el nuevo anteproyecto incluye mayor participación de la sociedad civil en la selección del titular de la Defensoría, siguiendo recomendaciones del Comité de Derechos Humanos.
El proyecto también incorpora una figura adjunta especializada en los derechos de la niñez y adolescencia, con el fin de priorizar la protección de estos derechos en situaciones de vulnerabilidad y violencia. Además, el artículo 29 prevé la creación de la Carrera Defensorial, basada en criterios de mérito, para mejorar la profesionalización del personal de la Defensoría.
Por otro lado, se otorga al Ombudsman la capacidad de actuar como “amigo del tribunal” (amicus curiae) en procesos judiciales de interés público, ampliando su intervención en casos de gran impacto social.
Finalmente, estas reformas buscan modernizar la DDP para garantizar una mayor transparencia, eficacia y cumplimiento de los estándares internacionales en la protección de los derechos humanos en Panamá.